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miércoles, 25 de octubre de 2017

El TSJA condena a la empresa pública SERPA a hacer fijas a dos trabajadoras contratadas de forma fraudulenta



La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia dictada el pasado 26 de septiembre, declara trabajadoras fijas de plantilla de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias SA (SERPA), a dos empleadas de dicha empresa contratadas mediante contratos temporales por obra o servicio que se fueron prolongando de forma fraudulenta durante varios años.

Se trata de una oficial administrativa contratada en virtud de un contrato temporal por obra o servicio consistente en la gestión del procedimiento de expropiación por encargo de la Administración del Principado de Asturias de fecha 26 de marzo de 2009, a la que se encomendaron tareas relacionadas con el departamento de expropiaciones hasta el año 2016 ( es decir, se mantuvo a la trabajadora durante siete años con un contrato por obra o servicio); y de una jefa administrativa, con la que se concertaron varios contratos de obra o servicio encadenados, desempeñando funciones administrativas entre los años 2006 y 2017.

Los hechos descritos en la sentencia del TSJA revelan, con toda crudeza, unas prácticas de contratación fraudulenta del personal muy extendidas en los llamados “chiringuitos” del Principado de Asturias – empresas y fundaciones públicas controladas por el Gobierno del Principado -, que  han sido denunciadas en numerosas ocasiones desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies y constatadas de forma reiterada por la Sindicatura de Cuentas en su informes de auditoría del sector público.

Unas prácticas de contratación laboral que vulneran los derechos de los trabajadores, como señalan las sentencias de los Tribunales, pero que son también una fuente de clientelismo laboral y acceso privilegiado a puestos de trabajo sufragados con fondos públicos.

En los casos contemplados en la sentencia del TSJA se constata, además, la utilización por parte de la Administración del Principado de otro mecanismo irregular en la gestión de los servicios públicos, también denunciado con insistencia por nuestra asociación y confirmado en los informes de la Sindicatura: las encomiendas de gestión fraudulentas a empresas públicas para realizar tareas administrativas que deberían ser desempeñadas por funcionarios públicos integrados en la plantilla del Principado, en este caso, de funciones relacionadas con expedientes de expropiación forzosa.

Un cúmulo de irregularidades que exigiría una investigación independiente e imparcial sobre la extensión y alcance de las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades a las que hubiera lugar.

Dicho todo lo anterior, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA realiza una serie de consideraciones sobre el acceso a los puestos de trabajo de las empresas públicas que suponen una auténtica “bomba de relojería” que puede estallar sobre los procedimientos de acceso al empleo dependiente de las empresas y fundaciones públicas. Y ello, porque para llegar a la conclusión de que las dos trabajadoras de SERPA deben ser consideradas fijas de plantilla en lugar de indefinidas no fijas, la sentencia del TSJA afirma (fundamento de derecho segundo) que a las sociedades mercantiles públicas – ya sean estatales, autonómicas o locales – no les son de aplicación los artículos 23. 2 y 103.3 de la Constitución española, que exigen que el acceso al empleo público se haga conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, ni el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

Se trata de una afirmación de una enorme trascendencia y gravedad, pues abre un descomunal boquete para que los trabajadores de las empresas públicas puedan ser contratados por razones de influencia, recomendaciones o simple azar, en perjuicio de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas  a participar en procesos selectivos públicos, objetivos y transparentes para acceder a esos puestos del sector público. Además, la sentencia omite clamorosamente toda referencia a la disposición adicional primera del EBEP, en la que se dispone que los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad son de aplicación obligatoria a todas las entidades del sector público - estatal, autonómico y local - (la misma Sala de lo Social del TSJA, en sentencia de 30 de septiembre de 2011, señaló que esta disposición legal y los  principios constitucionales de acceso al empleo público, eran de aplicación a la contratación del personal de una sociedad mercantil local perteneciente al Ayuntamiento de Avilés; y el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de octubre de 2015, afirma que "la impregnación pública que es propia de una sociedad mercantil estatal comporta que en la selección de los trabajadores hallan de tenerse en cuenta aquellos principios - igualdad, mérito y capacidad-" )

La gravedad y trascendencia de lo afirmado en la sentencia del TSJA obligaría a presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, un recurso al que tan aficionado es el Gobierno del Principado cuando se encuentra en situaciones desesperadas. Recordamos que el Consejo de Gobierno aprobó el 27 de abril de 2016 unas Instrucciones para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo de las empresas y fundaciones públicas se efectuara a través de procedimientos que cumplieran los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad

Si no se ha interpuesto el recurso de casación, la Administración del Principado debe dar explicaciones urgentes sobre las razones de su pasividad.

Es mucho y demasiado grave lo que se está jugando aquí para dar la callada por  respuesta.

lunes, 23 de octubre de 2017

Crisis y corrupción (también) en los medios de comunicación




En el repaso regeneracionista que este blog está realizando a todas las instituciones cuyo funcionamiento deja bastante que desear en nuestro país, creo que debe llegarle también su merecido turno -nadie se salva de nuestro afilado bisturí- a los medios de comunicación. Poca gente habrá capaz de discutir el fundamental papel que los medios desempeñan en cualquier nación o sociedad moderna. De hecho, resulta oportuno recordar la famosa reflexión del autor de la Declaración de la Independencia, tercer Presidente y eminente filósofo político norteamericano Thomas Jefferson, uno de los más grandes pensadores que han dado los Estados Unidos de América, cuando dijo: “si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”.  Y la frase no venía, precisamente,  de un don nadie en materia política. De hecho cuando su sucesor John Fitzgerald Kennedy dio la bienvenida en su residencia a los 49 ganadores del Premio Nobel en al año 1962, dijo muy gráficamente: “creo que ésta es la colección más extraordinaria de talento y del saber humano que jamás se haya reunido en la Casa Blanca, con la posible excepción de cuando Thomas Jefferson cenaba solo “.

En esa misma línea argumental no podemos olvidar, especialmente en una época y en un Estado como el nuestro cuyos mecanismos de control y regulación -los denominados “checks and balances” en el mundo anglosajón- han sido notoria y concienzudamente desactivados durante las últimas décadas, que la prensa, la radio y la televisión han jugado un papel esencial, como un verdadero “cuarto poder”, en su función de investigar, denunciar y poner negro sobre blanco el detallado relato de las disfunciones,  imperfecciones y corruptelas que afectan a nuestro sistema político.  Pero, asumido lo anterior, es también necesario comentar, y este blog resulta especialmente adecuado para ello, que no siempre es oro todo lo que reluce en el mundo de los medios de comunicación, especialmente tras estos difíciles tiempos de crisis económica. El interesado y prolongado silencio por parte de un buen número de medios, e incluso su ensalzamiento durante años, ante conocidos políticos notoriamente corruptos, y su complicidad manifiesta con situaciones anómalas que ahora están empezando a salir a la luz debe movernos a realizar una reflexión profunda sobre su verdadera función en la sociedad, sobre las causas de esta situación, y sobre sus delicadas consecuencias para todos nosotros.

Antes que nada es preciso aclarar, para los más ingenuos o menos avisados, que los coloquialmente llamados “medios de comunicación” son en realidad “empresas” o “grupos” de comunicación a todos los efectos. Esta aclaración es fundamental para entender que la mayoría de medios actúa básicamente –aunque a unos se les nota bastante más que a otros- no en la búsqueda y publicación de la “verdad” en sí misma, sino bajo estrictos criterios económicos, defendiendo una línea editorial próxima a aquellas opciones políticas que más convienen a la supervivencia y a los intereses de su grupo empresarial. Resulta de gran importancia contar todo esto porque sigue habiendo en España mucha gente de buena fe que, en sus conversaciones cotidianas, dice “lo he oído en la tele (o en la radio)” o “lo dice el periódico” como muestra de indiscutible autoridad en los argumentos que utiliza, sin pararse a pensar, con la mirada un poco más allá de lo que ha leído u oído, en quién lo dice, o en quién lo escribe, y con qué verdaderas intenciones lo publica en este concreto momento. Y ello se aprecia mucho no sólo en las pequeñas empresas de prensa local, siempre más cercanas necesariamente al gobernante de turno, sino también en los grandes grupos multimedia -aquéllos que agrupan prensa escrita, radio, televisión e internet- y cuyo devenir económico-financiero depende en gran medida de la generosidad, directa o indirecta, de los gobiernos centrales, autonómicos o municipales del momento. En pocas palabras, cuando la economía o la propia viabilidad financiera del “controlador” (el medio de comunicación) deja de ser autónoma y pasa a depender de sus “controlados”(los políticos que gobiernan en su territorio), la tentación de acomodarse o dejarse influir en lo que se publica o se deja de publicar se hace realmente grande, por no decir inevitable.

Muchos medios de comunicación se habían habituado en los últimos tiempos en nuestro país, tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos o locales, a sobrevivir y cuadrar sus balances directamente gracias a las subvenciones públicas y a la publicidad institucional, especialmente ante el enorme bajón que experimentó la publicidad procedente de las empresas privadas y de las actividades comerciales en general. Ello generó una peligrosa dependencia de los gobernantes de turno, pues resulta muy difícil –en España realmente casi heroico- que los periodistas critiquen a las instituciones con cuyo dinero se sustenta el equilibrio económico de su empresa y, en definitiva, su propio puesto de trabajo. Y a la hora de los recortes, que dada la situación del país han ido llegando inexorablemente a todos los ámbitos de la actividad económica, ha sucedido algo todavía más peligroso. Cuando la esencia del buen periodismo consiste en ser crítico con el poder, del color que sea, para corregir sus disfunciones, en España se está produciendo, de una forma lamentable, justo el fenómeno contrario: los gobernantes que han derrochado el dinero público a manos llenas regando generosamente a muchos medios de comunicación se han acabado convirtiendo para éstos en los héroes, mientras que los que han venido después con las tijeras en la mano, racionalizando, reduciendo y poniendo orden en el anterior despilfarro económico-mediático han sido tratados como los villanos. Justo lo contrario de lo que debería ser.

Hace escasos días un amigo metido en política me comentaba que su partido, ahora en el poder en la autonomía en la que vivo, vive una complicada situación porque ha colocado involuntariamente en estos últimos años a casi todos los medios locales en contra, no tanto por el contenido de su actuación política -que con sinceridad no ha sido tan mala dada la situación general y las cuentas heredadas- sino porque las circunstancias económicas actuales les han convertido en el  “partido de los recortes”, de forma que, al haber eliminado las millonarias cantidades que percibían los grupos mediáticos locales, se han transformado para la mayoría de los medios y, consecuentemente, para sus lectores y espectadores, en “los peores políticos de la democracia”. Y eso, dado el enorme poder que acumulan los medios de comunicación, resulta tremendamente peligroso, y revelador, en el fondo, de una mezquina y torticera irresponsabilidad. Únase a ello el hecho de que, como antes hemos comentado, la mayoría de los lectores, oyentes y espectadores de prensa, radio y televisión resultan de una notable credulidad, no siendo muchos de ellos capaces de realizar una lectura comparativa crítica de toda la diversa información que continuamente reciben. Por ello, ante esta lamentable actitud de algunos medios, la mayoría de las personas que a diario abren un periódico, ponen la radio o encienden su televisor con su mejor buena fe resultan, en muchas materias importantes, realmente engañadas. Ello significa, sin más rodeos, que muchos medios de comunicación no critican a los políticos que lo hacen realmente mal en su gestión o derrochan dineros públicos, sino a aquéllos que, aunque actúen con responsabilidad, perjudican los intereses económicos de su grupo empresarial. Y eso, que muy pocos lo saben o son capaces de intuirlo, nos lo desayunamos todos los españoles un día detrás de otro en los últimos años. También es cierto que existen honrosas excepciones en el mundo de los medios, que dignifican enormemente a su profesión, y que muchos periodistas de a pie se encuentran colocados en una comprometida posición laboral y profesional, no siendo ellos responsables de la mayoría de sesgos informativos, que emanan directamente de las directrices dadas por sus empresas.

Pues bien, esta situación, como muchas otras existentes en nuestro país, no puede sostenerse más, y debe ser denunciada de forma pública y contundente. Ya sé que resulta harto difícil que todo esto se publique en los propios medios de comunicación, pues en el fondo atenta contra sus más íntimos intereses, especialmente los económicos, pero debemos hacerlo aquí. Por algo somos independientes, y para ello existe este blog. Queda formulada esta denuncia y planteada esta delicada reflexión. ¿Qué podemos hacer para corregirla?

viernes, 20 de octubre de 2017

La mortalidad por cáncer es un 17% mayor en los pueblos industriales de España


Publicado el mayor estudio sobre la contaminación de las fábricas y los tumores malignos

 

 



La mortalidad por tumores malignos es un 17% mayor en los pueblos industriales de España que la media nacional, según sugiere el mayor estudio realizado hasta la fecha. El trabajo, elaborado por cinco investigadores del Centro Nacional de Epidemiología, en Madrid, recuerda “las grandes cantidades de sustancias tóxicas que han sido liberadas indiscriminadamente durante muchos años” y exige fijar como objetivo "ineludible" la reducción de emisiones cancerígenas en la industria.

El estudio, que ha analizado los 8.100 municipios españoles entre 2007 y 2010, alerta de que “hay altas emisiones de carcinógenos en la proximidad de pueblos en el suroeste, este y norte del país”. En estos municipios industriales —concentrados en las provincias de Bizkaia, Guipuzkoa, Barcelona, Tarragona y Valencia— se detecta un exceso de mortalidad por leucemias y tumores malignos digestivos, respiratorios, de próstata, de mama, de ovarios y de vesícula biliar, según advierte el trabajo, dirigido por el epidemiólogo Gonzalo López Abente.


Nueve millones de personas viven a menos de cinco kilómetros de un foco emisor de sustancias cancerígenas
“Los resultados nos ayudan a generar hipótesis sobre las posibles asociaciones entre la contaminación emitida por las industrias y el desarrollo del cáncer, pero no pueden mostrar causalidad”, reconoce Pablo Fernández Navarro, primer firmante del estudio. Sin embargo, subraya, “a nadie se le escapa que estar expuesto a un foco de contaminación industrial que emite día y noche cerca de la población y durante años no puede tener consecuencias inocuas”.

1.500 municipios españoles situados a menos de cinco kilómetros de una industria emisora de sustancias consideradas cancerígenas por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, según constata el trabajo, a fecha de 2010. Son nueve millones de personas potencialmente afectadas. Si se reduce la distancia a dos kilómetros de un foco contaminante, hay dos millones de habitantes concernidos. En los cuatro años analizados, la industria española emitió al aire cientos de toneladas de derivados cancerígenos de metales pesados, como níquel (211 toneladas), cromo (64), arsénico (20) y cadmio (9).

En ese mismo periodo, aunque las emisiones de algunos compuestos cancerígenos se redujeron, otras aumentaron, como las de dioxinas y furanos, productos de desecho en la incineración de basuras, la fabricación de acero y la producción de papel o de cloro para la síntesis de insecticidas y herbicidas, por ejemplo. Subieron de 47 a 685 kilos, un 1.343% más. También creció, de 192 a 245 toneladas (un 27%), la emisión de benceno, una sustancia intermedia en la fabricación de plásticos, detergentes, medicamentos y pesticidas. Los investigadores han obtenido los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y obligatorio desde 2007.

“Hay pocas dudas de que la polución industrial se asocia con ciertos tipos de cáncer”, afirma el oncólogo Miguel Martín

Los expertos consultados recalcan que muchos ciudadanos están expuestos a otros factores de riesgo, como el alcohol y el tabaco, mucho más peligrosos que la contaminación industrial. Fumar aumenta un 400% el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón. Además, según señala Fernández Navarro, “es importante destacar que el sector industrial realiza de forma continua grandes esfuerzos en minimizar su impacto en el medio ambiente y por tanto en la salud”. Su trabajo tiene en cuenta “escenarios en épocas pasadas que pueden no ser los mismos que en la actualidad en cuanto a las emisiones contaminantes”.

El nuevo estudio es “excelente y un toque de atención para nuestras autoridades”, según Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y ajeno al equipo de López Abente. “Hay pocas dudas de que la polución industrial se asocia con ciertos tipos de cáncer”, alerta. A su juicio, los resultados del Centro Nacional de Epidemiología son “preocupantes”.


Contaminación en una instalación industrial en Vizcaya, en 2010. 
Contaminación en una instalación industrial en Vizcaya, en 2010.

El médico Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, aplaude el nuevo trabajo, pero advierte de que no permite visualizar la situación de los trabajadores de las fábricas. A su juicio, están olvidados. “Es tremendo el escaso número de cánceres de origen laboral que reconoce la Seguridad Social en España. Si en Francia o Alemania se reconoce entre el 5% y el 10% de las demandas, en España apenas se llega al 0,01%”, lamenta.

La certificación del origen laboral de un tumor implica mayores subsidios y pensiones. En febrero de este año, un juez obligó a la empresa Uralita a indemnizar con 342.142 euros a un extrabajador que sufrió un cáncer de pulmón por exposición al amianto. “Nadie tiene que poner en riesgo su vida por ir a trabajar”, zanja García Benavides, expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

Los autores reconocen las limitaciones de su trabajo, recién publicado en la revista Environmental Research. Los investigadores han tenido en cuenta variables como el porcentaje de analfabetos, de agricultores y de desempleados, como posibles factores de confusión. Sin embargo, los científicos admiten que otras variables podrían afectar sus resultados, como el tabaco. Podría ser que los habitantes de pueblos industriales fumasen más, según hipotetiza la epidemióloga Núria Malats, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Malats pone sobre la mesa otras limitaciones admitidas por los autores. El trabajo tiene en cuenta focos emisores situados a menos de cinco kilómetros del centro de un municipio, pero no contempla ni los vientos ni las montañas que podrían funcionar como un muro para la contaminación. En todo caso, la investigadora opina que es “un trabajo relevante y muy bien hecho”.
“Es posible que los resultados de estos estudios no sean tomados como prueba por un juez, pero lo que es seguro es que este tipo de indicios y otros mucho más solventes se irán acumulando con el tiempo y llegará un momento en que la legislación dará la razón a los que reclamamos un ambiente más limpio”, afirma Fernández Navarro.


miércoles, 18 de octubre de 2017

La Consejería de Sanidad nombró arbitrariamente al Director del Instituto de Silicosis



Según se afirma en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 4 de Oviedo, dictada el pasado 19 de septiembre, a la que ha tenido acceso esta asociación, en el expediente administrativo tramitado con motivo de la convocatoria pública del puesto de Director del Instituto de Silicosis, no existe ninguna valoración o evaluación de los currículos de los siete candidatos presentados, de tal manera que el nombramiento de D. Luis Díaz López fue total y absolutamente inmotivado.

Especialmente duro se muestra el Magistrado ponente con el modo de proceder del Principado cuando afirma, en el fundamento de derecho sexto de la sentencia, que “también en los casos de libre designación y, a fortiori, especialmente cuando se abre la convocatoria a personal ajeno a la condición de personal estatutario, habrá que observar las exigencias de igualdad, mérito y capacidad. Si no se actúa así, esta vía de la libre designación, que en este caso recae en personal que no está vinculado a la Administración del Principado, se convierte en una vía para el ejercicio de la arbitrariedad o del mero capricho en manos de la Administración para el nombramiento de determinados puestos que, por regla general, deben ocupar empleados públicos, por lo general personal estatutario que es el más común en el SESPA”

Mayor claridad y contundencia no puede pedirse a una resolución judicial: la Consejería de Sanidad nombró de forma arbitraria y caprichosa como Director del Instituto de Silicosis a una persona ajena al sistema público de salud, sin ninguna vinculación laboral con el mismo, mediante un expediente inmotivado, sin ninguna valoración objetiva de los méritos de los candidatos.

¿Cómo es posible que un asunto de tanta gravedad no tenga responsables políticos?, ¿quién propuso realmente el nombramiento ahora anulado por la Justicia, es decir, quién enchufó mediante este descomunal dedazo a un candidato al que, ni tan siquiera, se evalúa el currículo que le haría idóneo para el puesto?

En una sociedad con prácticas democráticas de asunción de responsabilidades mínimamente arraigadas, hace ya días que el cargo político que efectuó el nombramiento arbitrario hubiera dimitido de forma irrevocable, dando las debidas explicaciones en sede parlamentaria.

En Asturias, una especie de autismo político que rechaza rendir cuentas y que se atribuye plena impunidad en los casos de nepotismo, con la connivencia generalizada de la oposición política, deja estos casos – cuatro en los últimos dos años con sentencia judicial – en el limbo de las noticias periodísticas sin trascendencia.

Muy probablemente, porque en estos asuntos, la clase política al completo se acoja al conocido dicho de “hoy por tí, mañana por mí”. Así nos va.

viernes, 6 de octubre de 2017

La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales



Carlos L. Alfonso Mellado

Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia

 La Administración al Día

 03/10/2017

El debate político ha puesto en cuestión la posibilidad de que las Administraciones Públicas recuperen la gestión de servicios públicos que estaban siendo objeto de gestión por entidades privadas. Frente a la tendencia potenciada por razones ideológicas de eliminar la prestación directa de servicios públicos para derivarla hacia entidades privadas, en los últimos años se viene observando en determinados países europeos una tendencia de signo contrario. La cuestión ha cobrado especial dimensión en el ámbito de las Entidades Locales y, por las razones que se verá, prestando especial atención a las sociedades públicas; de ahí que me centraré en ese ámbito en este análisis. […]


martes, 3 de octubre de 2017

La Justicia condena reiteradamente al Gobierno del Principado por el enchufismo de cargos directivos



En los últimos dos años los Juzgados y Tribunales han anulado cuatro nombramientos de personal directivo del Principado de Asturias por vulnerar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Esta práctica reiterada de enchufismo y nepotismo en la designación de directivos públicos pone en evidencia el desprecio con el que trata el Gobierno del Principado a las leyes aprobadas para profesionalizar la función pública directiva. A este respecto, conviene recordar que la Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de función pública y organización administrativa, incorporó a la legislación autonómica lo que ya era una obligación legal desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2007: que el nombramiento de los puestos directivos se efectuará mediante convocatoria pública y conforme a principios de mérito y capacidad.

El 26 de enero de 2015  el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulaba el nombramiento de Antonio del Corro como gerente del Servicio de Emergencias por haberse efectuado de forma directa, es decir, a dedo, sin convocatoria pública previa. El Tribunal Supremo, en Auto fechado el 19 de noviembre de 2015, rechazaba el recurso de casación presentado por el Gobierno del Principado en su conocida estrategia de huida hacia delante, confirmado la nulidad de la designación.

Ese mismo año, el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 2 de Oviedo anulaba el nombramiento de José Fernández Díaz como director de atención sanitaria y salud pública del área sanitaria IV, por haber prescindido de la convocatoria pública, vulnerando flagrantemente los principios de publicidad y libre concurrencia.

En diciembre del año 2016 el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº5  de Oviedo declaraba nulo el nombramiento del biólogo Tomás Lobo como gerente del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Asturias (Cadasa), por incumplir uno de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, en concreto, acreditar una experiencia de al menos cinco años en puestos directivos de entidades relacionadas con la gestión de infraestructuras públicas de abastecimiento, saneamiento o depuración de aguas. Como es norma habitual en estos casos, el Gobierno asturiano, por boca de la consejera de Infraestructuras, anunció la presentación de un recurso de apelación que terminó con estaba cantado: el TSJA, en sentencia de 17 de julio de 2017, confirmó la nulidad de la designación.

Hace pocos días el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 4 de Oviedo anulaba el nombramiento del ingeniero Luis Díaz López como director del Instituto de Silicosis por una irregular valoración de los méritos de los candidatos.

A juicio del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies esta cadena de designaciones ilegales no  es ninguna casualidad. Más bien, se trata de una muestra significativa que acredita una voluntad política de someter la profesionalidad y la imparcialidad de la Función Pública a una casta de directivos profesionales al servicio de los intereses del partido gobernante. El caldo de cultivo imprescindible para la corrupción política y administrativa, como se ha visto de manera descarnada en el "caso Marea".

La Ley del Principado de Asturias 7/2014,de 17 de julio, impulsada por el Gobierno de Javier Fernández, permite introducir en la Administración del Principado el doble de “directivos profesionales” que de Directores Generales, creando un verdadero entramado trasversal interpuesto entre los cargos políticos y los puestos funcionariales, nombrado por libre designación ( a dedo)

¿Para qué necesita la Comunidad Autónoma asturiana más de 70 nuevos directivos y con qué objetivos ?

Estas son las preguntas a las que no ha dado respuesta el Gobierno de Javier Fernández hasta la fecha. Y, si como nos tememos, dichos puestos van a invadir competencias reservadas a funcionarios, ¿no se trata entonces de Jefaturas de Servicio, pero con otro nombre?. En este caso, nos encontraríamos ante otra maniobra chapucera para no acatar las sentencias judiciales que obligan al nombramiento de jefes de servicios por concurso de méritos.