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sábado, 30 de diciembre de 2017

Confidente, soplón, chivato, espía




Javier Álvarez Villa

El poder, cualquier poder, desde el leviatán del aparato del Estado, hasta la jefatura de un burócrata intermedio, debe conocer por adelantado todo aquello que pudiera inquietarle. De ahí que disponer de servicios de información eficaces, a cargo de profesionales o de colaboradores más o menos interesados, sea la primera y principal ocupación de cualquiera que ejerza funciones de mando.

Desconozco casi todo sobre los servicios secretos profesionales, aunque apostaría a que si se filtrara la lista de espías a sueldo del Estado, encontraríamos al menos a un conocido más o menos próximo, para asombro de familiares y amistades.

Tras casi treinta años de ejercicio profesional sí se algo más de los soplones de los jefecillos del aparato burocrático. La psicología del ser humano ofrece personalidades muy aptas para las labores de chivato: necesitados de tiempo, a los que se perdona la sisa de la jornada de trabajo; necesitados de dinero, a los que se toleran actividades extras incompatibles, o necesitados de afecto, a los que se ofrece esa complicidad y camaradería con los jefes que tanto agradecen los subordinados serviles.

Basta con que uno caiga en la dudosa categoría de individuo sospechoso, ya sea por casualidad o porque se la haya ganado a pulso tras una larga trayectoria de disidencia nada clandestina, para que le apliquen los sensores de la red de soplones, sean sindicalistas chivatos, amigos topos o compañeros espías.

Para descubrir a estos “informadores” suele dar resultado lanzarles a bocajarro una invectiva contra el jefe al que soplan y comprobar si se les demuda la cara, guardan silencio o cambian de conversación.

Pero lo más divertido es suministrarles mercancía averiada o  enigmática. Uno puede imaginar al confidente y a su mandante hablando desconcertados: “¿Qué te dijo?”, “pues que….”, “¿qué habrá querido decir?”


Confidente: Fiel, seguro, de confianza
Soplón: dícese de la persona que acusa en secreto y cautelosamente
Chivato: soplón, delator, acusador
Espía: persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa, para comunicarlo al que tiene interés en saberlo

miércoles, 20 de diciembre de 2017

El gran pufo de Villa Magdalena






El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha tenido acceso al informe elaborado por la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo María Rosario Alonso Ibáñez titulado "Informe Jurídico y Hacendístico  sobre la expropiación de Villa Magdalena", fechado en febrero de este año, en el que se documenta a lo largo de sus 200 páginas, todo el recorrido administrativo de ese enorme pufo que ha dejado a las ciudadanas y ciudadanos de Oviedo la expropiación del palacete de Villa Magdalena.

Las conclusiones del informe son devastadoras:
- El expediente expropiatorio se inició sin fundamentar suficiente y ponderadamente los intereses públicos en juego y derivó en una desnaturalización completa del instituto expropiatorio mediante su conversión en una simple modalidad de adquisición de la propiedad de la que ha resultado un extraordinario beneficio patrimonial para la mercantil COMAMSA y un extraordinario perjuicio económico para la hacienda del Ayuntamiento de Oviedo

- Las decisiones más trascendentales que durante la tramitación fueron tomadas por ambas partes, expropiante y expropiada, no se han dejado al azar, ni son consecuencia de la casualidad o la mera coincidencia.

- Con la declaración de la urgente ocupación se perdió la posibilidad de considerar por el propio Ayuntamiento el desistimiento de la expropiación

- El acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación se llevó a cabo con una inusitada rapidez e insuficiente motivación, haciendo suyos los informes presentados por la empresa ASTURCOSA, de tal manera que la valoración alcanzada en el justiprecio fue extraordinariamente superior al valor real que la parcela tenía.

- La inejecución del acuerdo de proceder a la consignación del justiprecio fijado en 1998 dejó abierta la puerta para que COMAMSA hiciera uso de la garantía que para cualquier expropiado representa la retasación.

- En ningún momento de la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Oviedo en los numerosos pleitos judiciales habidos se planteó el alcance de los propios actos de la parte expropiada, quien teniendo no una, sino dos sentencias judiciales, en 2004 y 2007, que le reconocieron, sobre todo la primera de ellas, una muy importante cantidad económica a su favor en concepto de justiprecio, no pidió su ejecución. Mientras tanto fue acumulando un año tras otro los intereses de demora y fue percibiendo pagos parciales por este concepto, e igualmente pagos parciales por la cantidad principal del primer justiprecio, que el Ayuntamiento empezó a realizar, en ambos casos, con posterioridad a la primera solicitud de retasación y sin que en un principio aceptara el pago a reserva del ejercicio del derecho de retasación.

- El Ayuntamiento firmó un Convenio expropiatorio con COMAMSA tan leonino y gravoso para los intereses municipales, que tal parecía que la ciudad de Oviedo llevaba camino de ser una propiedad privada en su parte más céntrica. Afortunadamente, dicho Convenio fue anulado en vía judicial.

- En la expropiación de Villa Magdalena han acontecido irregularidades jurídicas, actuaciones que han bordeado la validez y actuaciones claramente inválidas y los sistemas de control administrativo y de fiscalización tuvieron escaso resultado, o no se utilizaron bien, o no funcionaron bien

- El seguimiento e intervención de los representantes políticos de la ciudadanía en la Corporación ha estado plagado de obstáculos y dificultades por parte de las autoridades y cargos electos responsables de la gestión política municipal

- De la documentación obrante en el expediente resultan, cuando menos, dos tipos de perjuicios generados al Ayuntamiento de Oviedo con ocasión del procedimiento expropiatorio: de una parte, el perjuicio generado por el hecho de no haber procedido al pago o consignación íntegra del justiprecio fijado en 1998, y que se ha cuantificado, con todas las cautelas, en 46.850.287, 57 euros, o 43.844.427,91 euros, según se considere que las cantidades ya depositadas hubieran generado intereses de demora por no haberse comunicado la consignación al expropiado, o sí, respectivamente; y de otra parte, el perjuicio derivado del pago, indebido, de 497.852,55 euros en concepto de IVA, más los que pudieran haber existido por las facturas derivadas del Convenio, que no puede considerarse susceptible de derivar en responsabilidad contable.

- Las cifras de valoración económica de Villa Magdalena de las que se partieron, 300 millones de pesetas en el año 1985, fueron increméntandose progresivamente, pasando, en pesetas, aproximadamente a : 450 millones de pesetas en 1997, cuando COMANSA (entonces ASTURCOSA) la adquirió; 2.000 millones de pesetas en 1998, cuando el Jurado Provincial la valoró; 5.500 millones de pesetas en 2010, cuando se valoró a efectos de celebración de Convenio; 10.500 millones de pesetas en 2007 y 2011 cuando se valoró por el expropiado a efectos de retasación, habiendo terminado por suponer una deduda para las arcas municipales, valorando solo lo que se conoce documentado en el expediente, a una cifra muy próxima a 10.000 millones de pesetas en 2016

-El Ayuntamiento de Oviedo es el principal responsable de lo que en el procedimiento expropiatorio de Villa Magdalena ha sucedido.

Ante este cúmulo abrumador y escalofriante de hechos, ¿cómo es posible que no exista ningún responsable del enorme pufo de Villa Magdalena?

Algo muy grave debe estar pasando en la democracia asturiana si unos hechos de esta magnitud, que dieron lugar a un monumental beneficio para una empresa privada a costa de ocasionar un enorme boquete al erario público del Ayuntamiento de Oviedo, quedan impunes.

Las ciudadanas y ciudadanos de Oviedo no lo debieran consentir.

viernes, 15 de diciembre de 2017

Javier Fernández: un Puigdemont en Asturias.



José María Estrada Janáriz.
Ex-Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Desde hace unos años para acá, y sobre todo, desde el 1 de octubre, resulta imposible escuchar una emisora de radio, un informativo en televisión o un debate en cualquier medio o leer un periódico donde no nos inunden con noticias relativas a Cataluña, a su referéndum y a su declarada república. Tal declaración, es el colofón a una serie de actuaciones desarrolladas por la Generalidad de Cataluña, que, una por una y sin desmayo, fueron declaradas como contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional ¿Y qué hacían el Gobierno y el Parlamento Catalán? Pues ignorar meridianamente las sentencias y autos de tan alto tribunal. Ignorancia o desprecio que también alcanzó a las advertencias que se les formulaban sobre la comisión de posibles delitos de persistir en su recalcitrante actitud.
 
Pues bien, dado que nada cambió, la Fiscalía General del Estado (no sabemos si a iniciativa propia o a indicación del Gobierno), el caso es que se puso en marcha formulando las oportunas querellas y consiguiendo ya en algunos casos (Mas y Homs) sendas sentencias, con sus correspondiente inhabilitaciones y privación del derecho de sufragio pasivo. Es decir, ante el incumplimiento reiterado de las resoluciones del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado se puso en marcha.
 
Esta introducción viene a cuento de que en Asturias vivimos una situación idéntica en cuanto a la actuación del gobierno de Javier Fernández, aunque diferente en cuanto a su transcendencia, que no es de esa suma gravedad.Ciertamente. Nos estamos refiriendo a la incesante labor del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies en favor de que se aplique la legalidad vigente en materia de nombramiento de Jefes de Servicio, que exige que sea por concurso y no “a dedo”, y de la utilización absolutamente ilegal de la “adscripción provisional” como método de provisión de puestos de trabajo cuasi definitivo.  

A lo largo de estos años, han sido innumerables las sentencias de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo, así como del Tribunal Supremo, que han declarado hasta la saciedad la situación de ilegalidad permanente de la Administración del Principado de Asturias en estas materias. (Sentencias del TSJA de 30 de abril del 2009, 22 de junio del 2009, 30 de abril de 2010:, 14 de mayo del 2010, 29 de octubre del 2010: 9 de diciembre del 2011, 10 de octubre de 2012, 7 de noviembre de 2012, 30de septiembre del 2013, 15 de septiembre del 2014 y 28 de noviembre del2014; del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011:, 15 de noviembre de2011, 21 de mayo de 2012, 17 de octubre de 2012, 15 de febrero de 2013:y23 de junio del 2014). 

Pero la cosa no acaba aquí. Con motivo de las denuncias del Conceyu, el Defensor del Pueblo, no hace mucho, acaba de requerira la Administración del Principado de Asturias para que convoque los concursoscorrespondientes, a la vez que rechazaba las razones que esta ledaba para no hacerlo. Como se ve la actuación del gobierno de Javier Fernández es exactamente la misma que la del Gobierno de la Generalidad de Cataluña: Desprecio absoluto y durante años a las resoluciones de los Tribunales.
 
Sin embargo, la actuación de la Justicia no ha sido al misma: no ha habido intervención alguna por su parte. Veamos. No nos consta que -a diferencia de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en el caso catalán- los Juzgadosy Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, conocedores por las innumerables sentencias recaídas sobre esta cuestión, de la reiterada, durante años, desobediencia a sus resoluciones y a las del Tribunal Supremo; no nos consta, decimos, que hayan formulado una sola advertencia a la Administración asturiana de que esta actitud podía ser constitutiva de los delitos, al menos, de prevaricación y de desobediencia. ¿Por qué esto es así? ¿Consideran nuestros juzgados y tribunales que ignorar manifiestamente sus resoluciones no merece ningún reproche? ¿No creen que deberían, cuando menos, poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias?

Pero es que este órgano tampoco hace nada, a diferencia de lo que está haciendo la Fiscalía General en el caso de Cataluña. ¿Por qué? ¿Desconoce la situación? Nos resulta sorprendente que esto pueda ser así, cuando estamos ante un problema que lleva años apareciendo en los medios de comunicación
.
En resumidas cuentas, en Asturias tenemos un gobierno que lleva mucho tiempo, por acción y omisión, haciendo gala de un absoluto desprecio a las resoluciones de los Juzgados, del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y del Tribunal Supremo en materia de provisión de puestos de trabajo y, pasmosamente, estos nada hacen para remediar la situación. ¿Es este el estado social y de derecho del habla la Constitución Española?


lunes, 11 de diciembre de 2017

El Conceyu por Otra Función Pública en la Junta General del Principado





Intervención de Javier Álvarez Villa, presidente de COFPA, en el día de hoy en la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias

Yo no vengo aquí a hacer ninguna reivindicación de mejoras salariales o de recuperación de derechos sociales o laborales para los empleados públicos. Esa tarea no nos corresponde a nosotros, sino a las organizaciones sindicales y a los representantes de las trabajadoras y trabajadores en los Órganos de participación institucional y de negociación colectiva, y en esta línea lo están haciendo ya los que me precedieron en la palabra ( y lo harán seguramente los que se encuentran pendientes de intervenir)

Mi intervención, en nombre de la asociación Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, va dirigida a poner de manifiesto ante las diputadas y diputados aquí presentes y ante la sociedad asturiana, que la información que proporciona el Proyecto de Presupuestos sobre una parte sustancial del Presupuesto de Gastos, el del Capítulo I, referido a los gastos de Personal, que representa nada más y nada menos que el 36,95 % del total del gasto presupuestado para el año 2018, es incompleta, poco transparente, confusa en algunos apartados y manifiestamente insuficiente para poder hacerse un juicio ponderado sobre como se distribuye ese gasto entre las diferentes categorías de trabajadores públicos, sobre las cuantías de importantes conceptos retributivos, sobre la evolución real de las plantillas del personal o sobre el gasto imputable a los trabajadores en función de la naturaleza de su vínculo laboral, especialmente, en lo que se refiere al personal temporal.

Se trata de deficiencias que venimos denunciando en estas comparencias en los últimos años, pero por lo que observamos, estas advertencias caen en saco roto, porque el Informe de Personal del Proyecto de Presupuestos para el 2018 mantiene las mismas inercias que los de los años anteriores, y es un documento más propio de una Administración del siglo XX, rutinaria, opaca y  reacia a ofrecer información completa, clara y suficiente, que de una Administración transparente del siglo XXI


Así, en primer lugar, en el desglose de las retribuciones que se hace en los artículos 21 y siguientes del Proyecto, no se señalan las cuantías correspondientes al complemento salarial específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, a pesar de que el artículo 24 del EBEP dispone que la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias se establecerá por las correspondientes leyes de cada Administración Pública.

No se trata de cantidades, ni mucho menos, despreciables. Así, en este año 2017 el importe del complemento específico anual, por ejemplo, de un puesto de funcionario Jefe de Servicio, nivel 28, asciende a 20.587 euros. Estas cuantías, reiteramos, no figuran en el Proyecto de Presupuesto.

El Informe de Personal omite toda referencia a las plantillas de los Organismos y entes públicos sometidos a régimen de contabilidad privada – 6 Fundaciones, más el IDEPA y el Consorcio de Transportes – y las 17 empresas públicas que figuran en los Presupuestos. Nada hay en el Informe de Personal sobre el gasto de personal de cada una de estas 25 entidades, ninguna información sobre sus plantillas.

Si en el presupuesto de explotación de cada una de las empresas públicas tiene que figurar obligatoriamente la partida de Gastos de personal – a título de ejemplos, más de 8 millones de euros en ITVASA (Inspección Técnica de Vehículos), más de un millón y medio de euros en VIPASA (Viviendas del Principado de Asturias) o más de tres millones de euros en SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias) -, ¿ Cómo es posible que el Informe de Personal  no incluya ninguna explicación sobres estos gastos, es decir, sobre  las  plantillas de personal que tienen esos 25 entes, empresas y fundaciones y la distribución del gasto entre esos puestos?

Algún representante político del Principado ha llegado a decir en esta Junta que no se incluyen porque no son empleados públicos. Esta respuesta parece una broma de mal gusto, ¿Porque, acaso, se les niega también su condición de trabajadores del sector público?

En la época de la transparencia, cuando  todas las Administraciones quieren tener su ley,  la información imprescindible para valorar el gasto de personal del sector público asturiano, especialmente asociado, por otra parte, a prácticas de clientelismo laboral, se  guarda en una caja fuerte. ¿Por qué tanto secretismo en este asunto?

Por lo que se refiere a las explicaciones sobre la distribución del gasto, el Informe de Personal dedica al análisis de las plantillas de personal la mayor parte de sus páginas. Pero esta información desglosada sobre las plantillas aporta muy poca información y, sobre todo, inútil, sobre el reparto de la masa salarial, como ya dijimos aquí en los años anteriores, porque en la Administración Pública lo que realmente existen son puestos de trabajo y no plazas de plantilla. Es decir, lo que realmente hay son puestos base y puestos singularizados – jefaturas, coordinadores, asesores, directores etc.- y esta información no figura por ningún lado en el Informe.

Curiosamente este desglose por puestos sí se cumple en unos pocos casos – véase el SESPA (Servicio de Salud) o en el del personal docente (donde se desglosan los puestos de inspectores, catedráticos etc), aunque se omite toda referencia a las retribuciones percibidas por cada una de estas categorías.

Para conocer con certeza como se ha distribuido realmente la masa salarial entre los diferentes grupos de empleados públicos habría que disponer de la secuencia de las relaciones de puestos de trabajo de los últimos años.

Si se dispusiera de ella se observaría, seguramente, como han ido aumentando significativamente los puestos de trabajo singularizados adscritos a los grupos A y B – titulados superiores y medios – Nuestra asociación ha documentado que en el intervalo de los puestos singularizados con los niveles retributivos más altos, del nivel 26 al 30, que se corresponden con jefaturas de servicio y puestos asimilados, como coordinadores, asesores, letrados, interventores etc., se pasó de 241 puestos en el año 2004 a 395 en el 2014.

Como la masa salarial se ha mantenido prácticamente estancada parece lógico concluir que esta hipertrofia de directores, jefes, asesores, coordinadores etc., sin soporte objetivo para su creación, ha sido posible mediante una transferencia salarial de abajo a arriba, desde los grupos más bajos – con menores sueldos – hacia los superiores, por la vía de la poda o recorte de las plantillas por la parte baja de la pirámide laboral, en un ejercicio evidente de Clasismo salarial.

Pero el Informe de Personal también resulta engañoso en lo que se refiere al reparto del gasto de personal en función del tipo de vinculación  laboral o funcionarial con la Administración (altos cargos, personal eventual, funcionario, laboral, estatutario o temporal)

Así, por lo que se refiere al personal temporal, el Informe de Personal se limita a señalar que el gasto asciende a 113 millones de euros y que se incrementa en un 1,02 % respecto al año anterior. Ahora bien, esta cifra no responde realmente a la realidad de gasto del personal temporal realmente existente, porque en esta se cifra se incluye fundamentalmente, aparte de alguna puntual contratación o nombramiento por acumulación de tareas, al personal temporal docente para atender las necesidades coyunturales de profesorado en el correspondiente curso escolar, sobre todo de educación primaria y secundaria: Por tanto, el coste del personal temporal que ocupa plazas estructurales de plantilla – miles de trabajadores, sin duda, que es el gravísimo problema de precariedad que tiene esta Administración – no está incluido en esta cuantía.

En todo caso, el Informe de Personal omite toda referencia al número de trabajadores temporales, distribución por Consejerías y demás organismos

En conclusión, la información que suministra el Gobierno del Principado sobre el 37% del total del Presupuesto de Gasto es, a nuestro juicio, muy deficiente, poco transparente y debería rehacerse.

martes, 5 de diciembre de 2017

El Tribunal de Cuentas desmonta la operación con la que Ence logró privilegios de la Xunta y el Principado


El órgano de fiscalización pide a Feve que denuncie a la empresa de celulosa por una vía ferroviaria inacabada de acceso a su fábrica de Asturias, que Feijóo esgrimió como amenaza para justificar perdonarle tasas en Galicia

BOE en el que el Tribunal de Cuentas pide que se denuncie a Ence por "daños y perjuicios"
BOE en el que el Tribunal de Cuentas pide que se denuncie a Ence por "daños y perjuicios" Praza Pública
En 2011 la Xunta de Galicia firmó un convenio con Ence a la medida de esa empresa de celulosa con el que le rebajó hasta un 60% la tasa por usar el muelle de Ribadeo (Lugo), de titularidad autonómica, para embarcar en él la pasta de papel que produce en su factoría asturiana de Navia. El Gobierno gallego justificó aquel convenio por la amenaza que suponía otro acuerdo previo entre Ence, el Principado de Asturias y Feve para conectar por ferrocarril esa fábrica con el puerto de Gijón y que fuese aquel la salida de sus productos. Pero esa línea férrea sigue sin finalizarse y ahora el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización de las inversiones de Feve entre 2005 y 2012 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de noviembre, insta a denunciar a Ence por “daños y perjuicios” tras constatar el “escaso interés” de la empresa por continuar la obra en Asturias una vez que logró la rebaja de impuestos en Galicia.
Hacía años que Ence venía moviendo diversos productos de su factoría de Navia a través del puerto de Ribadeo, a 35 kilómetros por carretera, cuando en 2010 firmó un convenio con el Principado y Feve para construir un ramal de 2,5 kilómetros que conectase sus instalaciones con la línea ferroviaria que articula la costa cantábrica y pasar a usar puerto de Gijón, a unos cien kilómetros. De los 9 millones que se preveía que costaría ese ramal de acceso a su fábrica, Feve pagaría 3,5, el principado otro tanto y Ence 2 millones.
Con esas obras ya iniciadas fue cuando la Xunta firmó con Ence un acuerdo para rebajarle hasta un 60% las tasas por el uso que ya venía haciendo del puerto de Ribadeo. El principal argumento ofrecido por el Gobierno gallego para esa exención fue precisamente la amenaza de que Ence se llevase a Gijón por tren los tráficos que venía captando Ribadeo. De la misma forma, el argumento esgrimido por el Principado para justificar su aportación de fondos públicos para construir la vía ferroviaria a la fábrica de Navia era el de que así Asturias pasaría a beneficiarse de unos tráficos que hasta aquel momento pasaban por Galicia.

Tras gastar en la obra ferroviaria unos seis millones de euros de fondos públicos, los trabajos se pararon, entre otras cosas, según dice el Tribunal de Cuentas, “por no conseguirse un acuerdo entre Feve y la empresa propietaria de la factoría para la cesión temporal de los terrenos en el interior de la planta”. Ese estancamiento de las obras en Navia se produjo una vez que Ence ya había conseguido la rebaja de impuestos en Ribadeo, lo que ahora el Tribunal de Cuentas relaciona en su informe. La negativa de Ence a facilitar que continúen las obras del acceso ferroviario a su fábrica de Navia, dice Cuentas, “unida al hecho de que durante todo este período de tiempo hasta la actualidad ha venido supliendo este servicio de transporte por ferrocarril con el transporte por carretera al puerto gallego de Ribadeo más próximo a su factoría, pone de manifiesto su escaso interés por la finalización del proyecto”. Ante esta situación, el ente fiscalizador hace una petición a Feve, empresa pública ahora repartida entre Renfe y Adif: “Sería conveniente que se intensificaran las negociaciones para poder terminar con la construcción del tramo o, en su caso, se denunciara el contrato y, conforme a lo establecido en los contratos firmados, se exigiera a la empresa propietaria de la factoría la indemnización de los daños y perjuicios provocados por su actuación”. Según añade Cuentas, Renfe está pensando en iniciar acciones legales después de requerir a la empresa que cumpliese sus deberes “sin obtener respuesta”.

El informe del Tribunal de Cuentas desmonta así la operación asturiana de Ence en la que la Xunta se amparó a modo de amenaza para justificar rebajarle impuestos en Galicia. Una rebaja que, tal y como fue redactada en el convenio firmado al efecto entre Portos de Galicia y Ence, desvelado en febrero del año pasado por este diario, no evitaría la marcha de la empresa sino que en la práctica supuso un perdón unilateral de las tasas que venía pagando hiciese lo que hiciese la empresa. Por otra parte, aquella rebaja se concretó a través de un convenio para el cual fue preciso modificar previamente en diciembre de 2010 la ley autonómica de tasas de Portos de Galicia.  Esa modificación legal para permitir al ente público gallego firmar convenios de rebaja de tasas con empresas privadas sólo se empleó una vez: con Ence.
Una rebaja que para Portos de Galicia supone una reducción de ingresos de entre 300.000 y 500.000 euros anuales (entre el 2% y el 3% de los ingresos comunes del ente público). Pero la rebaja no fue la única concesión que hizo la Xunta a Ence en Ribadeo. Tras la amenaza de dejar Galicia por Asturias que ahora Cuentas desmonta, la Xunta invirtió 2,2 millones de euros en mejorar el puerto lucense, obras que el propio Feijóo vinculó a las necesidades de la empresa en su inauguración en julio de 2012.

Durante estos años, desde la rebaja de impuestos de la Xunta, y el abandono de la obra asturiana, Ence viene presentando unos beneficios en aumento año tras año. En los tres primeros trimestres de este 2017 la empresa obtuvo un beneficio neto de 59,5 millones de euros, lo que supone un 183% más que en el mismo período del año anterior.
Fragmento del convenio firmado por la Xunta con ENCE
Fragmento del convenio firmado por la Xunta con ENCE

lunes, 4 de diciembre de 2017

20 años de la Variante de Pajares, el gran fiasco de la obra pública española


Las obras para terminar los casi 50 kilómetros que unen Asturias con León por AVE se han ido dilatando durante dos décadas sin que se vea un final en el horizonte

Filtraciones, desprendimiento de tierras y todo tipo de inconvenientes han ido retrasando esta obra faraónica que algunos dicen está mal diseñada de raíz

Los ecologistas dan la voz de alarma por el desastre ambiental que está suponiendo la obra mientras los vecinos declaran su hartazgo por 20 años de obras perpetuas



Túnes de la variante de Pajares que no está terminada
Túnes de la variante de Pajares que no está terminada
Va camino en convertirse en una obra faraónica. Tanto por su dilatación en el tiempo, ya van 17 años desde el inicio de los trabajos, como por el sobrecoste. Es la conocida como Variante de Pajares, el tramo de línea por la que debe circular el AVE entre León y Asturias de poco menos de 50 kilómetros. Por el momento soporta un desajuste de más de 2.500 millones de euros, lo que la sitúa en el Olimpo de la obra pública española con mayor sobrecoste, superada por pocos casos como el de la M-30 en Madrid.
Se licitó en 2003 con un presupuesto de 1.085,5 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años. Un año después, a la adjudicación del contrato y con corte de cinta, de la mano de los entonces ministros asturianos, Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato (PP), el presupuesto se había incrementado hasta los 1.990 millones. A día de hoy, el coste ejecutado asciende a más de 3.500 millones de euros y las obras están sin acabar y no hay expectativas de que se finalicen antes de 2021.
Las promesas se centraron en que las obras, que preveían concluir en 2010, permitirían que Gijón y Madrid estuvieran comunicadas por tren en dos horas y media (con los tramos finalizados en los últimos años este trayecto se ha reducido hasta las 4 horas y media). Y se profundizaba en que era la obra ferroviaria más importante de España y de Europa y que subsanaría el déficit de infraestructura del Principado. El proyecto incluía la construcción de dos túneles en paralelo de una longitud de unos 23 kilómetros, similares a los de Guadarrama de 28 kilómetros, pero de una complejidad muy superior.
Continuos problemas de filtraciones de agua y laderas que se vienen abajo cada vez que llueve están retrasando considerablemente los trabajos y generando graves problemas medioambientales. De momento se ha descartado abrir los dos túneles. Se trabaja sólo en abrir uno, pero no hay fecha prevista para hacerlo. En opinión de algunos expertos, faltaban estudios previos en una obra en la que han estado involucradas las principales constructoras españolas, como FCC, Acciona, Sacyr, Dragados o Ferrovial, junto con otras como Constructora-Hispánica (famosa por su papel en la trama Gurtel).
Rodrigo Rato (i), y el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, brindan junto a otras autoridades tras el acto de colocación de la primera dovela del túnel de la variante ferroviaria de Pajares en Los Pontones, Lena. EFE/J.L.Cereijido
Rodrigo Rato (i), y el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, brindan junto a otras autoridades tras el acto de colocación de la primera dovela del túnel de la variante ferroviaria de Pajares en Los Pontones, Lena. EFE/J.L.Cereijido

Acusaciones de corrupción

Los desajustes económicos de este proyecto, pusieron al PP en el punto de mira sobre un nuevo presunto delito de corrupción. El diputado nacional de Podemos Segundo González acusó al ex ministro Francisco Álvarez Cascos de ser presuntamente uno de los principales perceptores de los sobresueldos en "b", a cargo de la Variante de Pajares, y según información desgranada de los papeles de Bárcenas. Además, una de las empresas adjudicatarias, la Constructora Hispánica reconoció el pago de "comisiones irregulares". Cascos le interpuso una demanda al diputado de la formación morada por vulneración del derecho al honor, causa que finalmente quedó desestimada
Tres heridos por intoxicación en las obras del AVE de la variante de Pajares
Obras del AVE de la variante de Pajares EFE
Los cambios en el proyecto se centran ahora en el ancho de la vía. El pasado mes de marzo, el Ministerio de Fomento cambió sus planes. El ejecutivo de Mariano Rajoy decidió sustituir el ancho ibérico por el internacional, porque si no Europa condicionaría las ayudas ofrecidas al ancho internacional. Las nuevas modificaciones implicarían una renovación integral de la línea actual y el desembolso de 145 millones más, para integrarla así en la red de alta velocidad. Con la nueva obra se crearía un pasillo de vía mixta, con triple hilo, lo que posibilita la circulación de trenes en ancho internacional e ibérico. Esta nueva variación aplazaría también el arreglo de la actual rampa de Pajares, en favor de la variante y de la nueva política de inversión para potenciar el plan de cercanías. Con el AVE, La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias) quedarían unidas en un tiempo estimado entre los 11 y los 12 minutos. En la actualidad, la distancia que se recorre a través de la rampa de Pajares se completa en 63 minutos.
Cascos lleva ante el juez a un diputado de Podemos por vulneración de honor
Un juez desestimó una demanda de Cascos contra un diputado de Podemos por sugerir que Gürtel podía estar involucrada en Pajares EFE
Una falta de previsión total, un sinfín de modificaciones sujetas a continuos debates políticos y que está propiciando que el malestar vecinal raye el límite. El pueblo de Campomanes soporta desde hace años el tránsito de 800 camiones al día, más vibraciones, grietas en casas, polvo, barro…

Foro Asturias lo hace bandera

Para ver si las obras llegan a buen puerto, el Grupo parlamentario Foro Asturias, el partido creado por Cascos, ha iniciado una recogida de firmas. Su presidenta, Cristina Coto, aprovechó la semana pasada la efeméride del 21 de noviembre de 1997, en la que Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 47/1997 que daba prioridad a estas obras, para pedir el fin de las mismas. La iniciativa, en aquel entonces, fue a propuesta del Grupo parlamentario Izquierda Unida. Ahora es Foro quien recoge el guante en defensa del final de la variante. La izquierda se desmarca ahora de tal iniciativa y el Partido Popular asturiano se limita a decir que siempre ha defendido la variante. Para los diputados regionales de Podemos, esta variante va de escándalo en escándalo y solo atiende a "intereses políticos, cabezonerías y sobornos". Dicen que es "un capricho de Cascos", que exigió abrir a la vez los dos túneles con ancho internacional, a cambio de dar su apoyo a los presupuestos del Estado de este año. Algo que también ha criticado el portavoz de Ciudadanos en el Principado, Ignacio Prendes. Para este último, lo prioritario es que la variante entre en funcionamiento lo antes posible y que permita el tráfico mixto de viajeros y mercancías.

Crispación vecinal y ecologista

Los vecinos de Pola de Lena y Campomanes llevan año denunciando las penurias que viven a cuenta de la variante. Dicen que las obras son un caso de "corrupción claro" y claman porque la Unión Europea "ponga cordura y depure responsabilidades". En 2009, una asociación cultura de León inició la batalla administrativa y judicial y ahora todos juntos van de la mano para reivindicar sus derechos y el grave deterioro medioambiental al que se ha sometido la zona.
Los distintos colectivos indican que los daños en los acuíferos de la zona son irreparables. La perforación ha provocado que algunas poblaciones de la vertiente leonesa, como Villamanín o Rodiezmo, tengan mermas en el abastecimiento de agua. En la vertiente asturiana, los daños medioambientales también son notables. La representante vecinal de Campomanes, Loly Martínez dice que se "han destrozado fincas, carreteras, aceras, hay grietas en las casas soportamos continuamente vibraciones…, sin recibir ninguna compensación y ahora dicen que no lo van a reparar". A lo que añadió que, mientras tanto "las mismas empresas siguen enriqueciéndose a costa de las constantes modificaciones que sufre el proyecto".
La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y la asamblea vecinal contra el AVE también denunció que las empresas que están encargadas de las obras en la vertiente asturiana han sido objeto en los últimos años de al menos 67 expedientes sancionadores por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. De ellos, 42 han sido por vertidos ilegales y 25 por otras infracciones de la Ley de Aguas . Las empresas expedientadas son las que forman las UTES de la Variante. Entre ellas destacan algunas de las ya mencionadas. En total, las multas y sanciones impuestas alcanzan los 969.620,54 euros, afirman desde la coordinadora .
Pastor dice que el AVE a Asturias tendrá en 2013 una asignación "acorde al ritmo de las obras"
Obras del AVE a Asturias
Para Xulio Concepción Suárez, de la asociación "El Mesqueiru", plataforma vecinal de Pola de Lena, estas obras "han sido un abuso continúo sin tener en cuenta los pueblos y la gente". Y menciona que muchos lugareños ya advirtieron en su momento la dificultad que presentaba el terreno por su abundante agua. "Nadie les hizo caso y los problemas se multiplicaron y no sabemos sus consecuencias todavía". Apunta que "no se han respetado las normas medioambientales, ni ejecutado los correspondientes estudios geológicos", y que el resultado es que todo el subsuelo está inyectado de materiales de contención para contener el agua y que no sé sabe las consecuencias futuras de la actuación. Según este vecino, la zona del "Argayón", que tantos problemas está dando a los operarios en Campomanes "es un terreno muy problemático, si es que su nombre lo dice todo".
En su día, ya se descartó la ejecución de la autopista del Huerna por el actual trazado de la variante ferroviaria de Pajares por la inestabilidad del terreno y por el impacto visual que ocasiona al valle y al Parque Natural de las Ubiñas. Las ganaderías de la zona han desaparecido con los trabajos, los prados se han convertido en escombreras y los vecinos ven peligrar ahora hasta sus casas y además se quejan de que las indemnizaciones "han sido ridículas".

viernes, 1 de diciembre de 2017

¿Seleccionar políticos o seleccionar funcionarios?


 
¿Qué culpa tienen nuestras instituciones en la crisis que vivimos? Para algunos analistas, mucha. Nuestras élites (y las instituciones que las posibilitan) son los responsables últimos de nuestro estancamiento económico. Al frente de este grupo tendríamos a César Molinas y su tesis de las élites extractivas (ver aquí sus artículos en El País desarrollando esa tesis). Molinas da un barniz académico (poco refinado, pero, sin lugar a dudas, exitoso) a la vieja idea de que España está sometida por una casta dirigente de vocación rentista, adaptando para ello la teoría económica de moda (de Acemoglu y Robinson) al caso ibérico. Como Ferrán Martínez, Ignacio Sánchez-Cuenca, o José María Maravall han mostrado con poderosos argumentos (y ¡con datos!), la tesis de Molinas presenta problemas serios, tanto en la fiabilidad del diagnóstico como en las reformas que propone – que, además, muestran incoherencias extrañas y un desconocimiento general de la literatura de ciencia política. 

Otros muchos analistas -disgustados con la banalidad con la que autores como Molinas despachan las instituciones políticas españolas (desde el sistema electoral al estado de las autonomías)- sitúan el origen de nuestros males más allá de nuestras fronteras: en las políticas de austeridad promovidas por Merkel, en la desregulación neoliberal o en la “pesadilla del euro”.
Por un parte, creo que ambas visiones tienen parte de razón. Es posible que “los incentivos malos de fuera” (la avalancha de crédito barato que llegó con el euro) hayan reforzado “los incentivos malos de dentro” (unas instituciones relativamente capturables). Vamos, que la droga (euro) fue a caer precisamente a la puerta del adicto (unas élites políticas y económicas españolas habituadas a extraer recursos sin sufrir demasiadas consecuencias penales o electorales). En esa línea de los efectos interactivos entre lo de fuera y lo de dentro destacaría el artículo de Fernández-Villaverde, Garicano y Santos.
Por otra parte, ambas visiones caen en cierto sesgo institucional, algo normal porque todo investigador tiene que limitarse a unos determinados objetos de estudio y, obviamente, las instituciones de las que todo el mundo habla más (como el sistema electoral) suelen generar también más atención académica que la (siempre gris y casi aburrida por naturaleza) burocracia.

La atención pública se centra sobre todo en las instituciones políticas más visibles: parlamento y ejecutivo – ya sea a nivel central, autonómico o local. O sea, donde se toman (formalmente) las decisiones políticas. Pero el estado es como un iceberg: la parte visible suele ser más bien pequeña y es la parte que está debajo de la superficie (la administración pública y los entes y organismos públicos y para-públicos) la que tiene un tamaño mayor y puede resultar más determinante. Las instituciones que en teoría se limitan a implementar lo que se les pide en las instancias políticas – pero que, en la práctica, tienen una gran influencia en la adopción de todo tipo de decisión – suelen pasar desapercibidas en los análisis más influyentes sobre la crisis española. La burocracia está claramente por debajo de la superficie de la atención tanto mediática como académica.

Sin embargo, el tipo de administración pública puede que importe más que otras instituciones más “celebrities”, como el sistema electoral. Siguiendo a uno de nuestros mayores expertos, Alberto Penadés, no estoy muy convencido de que nuestro sistema electoral sea tan malo (aunque creo que algún elemento perverso ). Os paso un par de gráficos, donde podéis ver, primero, cómo la forma de seleccionar empleados públicos (por criterios de meritocracia; o, por el contrario, por criterios de lealtad política) parece influir mucho a la hora de entender el “control de la corrupción” en un país (una variable correlacionada con todo lo bueno que nos podamos imaginar: crecimiento económico, confianza social….hasta felicidad subjetiva):
 
Gráfico 1: Meritocracia en la Administración y Control de la Corrupción
Fuente: Dahlström y Lapuente (2013), “Organizing Leviathan. Politicians, Bureaucrats and Government”,  Paper presented at the 20th International Conference of Europeanists, Amsterdam.
Nota:“Control of Corruption” es el Control of Corruption Index del Banco Mundial (World Bank Governance Indicators 2011). La variable meritocracia viene de Teorell, Dahlström & Dahlberg (2011), donde se recogen las opiniones de cerca de un millar de expertos sobre las características de las administraciones públicas en un centenar de países.  

En otras palabras, la forma de seleccionar a los empleados públicos puede importar tanto o más que la forma de seleccionar a los políticos (es decir, el sistema electoral) pare entender por qué unos países tienen más corrupción que otros. En este artículo, mostramos datos en apoyo de esta “ hipótesis burocrática”.

En el gráfico vemos cómo España ocupa una posición intermedia entre los países avanzados (OCDE). Pero tenemos margen de maniobra: hay economías todavía más “periféricas” o emergentes, como Estonia o Botswana, que tienen burocracias más meritocráticas. Deberíamos, por tanto, tratar de mejorar el reclutamiento de nuestros empleados públicos, evitando las tan frecuentes politizaciones en tan diversas instituciones públicas.

Pero, antes de que se me exciten demasiado los amigos del “principio de mérito” español, me gustaría que prestaran atención al segundo gráfico donde examinamos otra característica de las administraciones públicas – o, para ser más precisos, de un agregado de varias características que van cogidas de la mano (es decir, altamente correlacionadas y que, por tanto, emergen como un “cluster” en un “principal-component analysis”).

Las administraciones más “closed” – y, por cierto, España es la más “cerrada” de todas – son aquellas donde existe un nivel de formalización y de aislamiento de los funcionarios (de las condiciones laborales de los trabajadores mortales del sector privado) más alto. De forma sencilla, esto quiere decir que, en países como Francia, España, Bélgica o Grecia, los funcionarios forman una “casta laboral” diferente al resto de trabajadores: se rigen por una legislación laboral diferenciada (unos “estatutos de la función pública” muy regulados) y son reclutados y promocionados siguiendo exámenes muy procedimentalizados (las famosas oposiciones). Sabíamos que las oposiciones en España no tienen por qué ser especialmente meritocráticas y, como Manuel Bagüés ha señalado, “la evidencia empírica muestra que el éxito de los candidatos depende considerable y significativamente de una serie de factores independientes de la calidad” .

Viendo el gráfico podemos ver también cómo la “cerrazón” de una administración pública – o sea, que los funcionarios tengan unas condiciones laborales distintas a los trabajadores del sector privado (algo que nos han intentado vender durante décadas como el elixir de la imparcialidad y la poción mágica contra el clientelismo político) – no tiene un efecto positivo sobre la calidad de gobierno. De hecho, si acaso, tiene un efecto negativo: cuanto más cerrada una administración, peor es la calidad de gobierno.

Gráfico 2. Administración Pública Cerrada y Calidad de Gobierno.
Fuente: elaboración propia. Quality of Government es la media de los indicadores de International Country Risk Guide “Corruption”, “Law and Order” y “Bureaucracy Quality”, escalados 0-1 (de Teorell et al. 2013). La variable meritocracia viene de Teorell, Dahlström & Dahlberg (2011). 

En resumen, tener una burocracia meritocrática importa mucho para entender la calidad de gobierno en un país. Pero, al mismo tiempo, una burocracia meritocrática no significa que los empleados públicos deban ser reclutados a través de unos sistemas de oposiciones formalizados y que, una vez, dentro, tengan unas condiciones laborales diferentes a los trabajadores del sector privado.
Estas dos características burocráticas (mérito real y “cerrazón” de la administración) deberían estar también presentes en el debate institucional en España.